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LOS PINCHAZOS TELEFONICOS
Por
Hernán Maldonado
Y pongo la palabra entrecomillada porque el pinchar teléfonos, en el
estricto sentido de la palabra, todavía no es un delito en Bolivia, sino un
principio enunciado en la Constitución Política del Estado (CPE), relacionado
a la privacidad del individuo, (y en el Código Penal con una tipicidad muy
amplia) que en un proceso judicial podría ser como una goma de mascar, es
decir encogerse y estirarse según quien la tenga en la boca.
En el nuevo Código Procesal Penal - por presiones de la embajada de Estados
Unidos, para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico (según
aseguran las malas lenguas) - se da la luz verde para que las grabaciones,
producto de intervenciones telefónicas (pinchazos) sirvan de prueba en los
procesos judiciales.
Contra la vigencia de este artículo se ha levantado casi todo el país. Los
sindicatos y asociaciones de periodistas llevan la voz cantante sosteniendo
que corre el riesgo de vulnerarse la privacidad de los bolivianos, porque
obviamente nadie podría en adelante asegurar que sus conversaciones no están
siendo escuchadas o grabadas por un tercero.
La oposición al artículo está demorando el estudio de una ley de protección a
las comunicaciones, que es la que debe regular y especificar todo lo
relacionado con la disposición general que nace en la CPE, está tipificado
deficientemente en el Código Penal y ahora busca quedar inscripto en el
Código de Procedimiento Penal.
Llegado el caso, como las leyes penales no tienen carácter retroactivo, es
muy probable es que Diodato aparezca más inocente que un recién nacido, pese
a que esta más o menos comprobado que dirigió, con la ayuda del general
Iriarte, una red de espionaje y contraespinaje desde el propio Palacio de
Gobierno.
Ya sabemos que a Diodato se le cayó el mundo cuando se le ocurrió "pinchar"
los teléfonos de la FELCN, el brazo operacional en Bolivia de la DEA
estadounidense. Muchos días después de su detención se le acusó de vínculos
con el narcotráfico y el italiano amenazó con quitarse la vida si se le
aplicaba la Ley 1008.
Después decidió seguir vivo, porque los que lo acusaban de narcotraficante,
mostraron pruebas tan deleznables, que un juez medianamente imparcial tendría
que mandarlo a su casa nuevamente.
Pero al margen de lo que ocurra en el teleculebrón Diodato hay que concluir
en que la modernización de las leyes -empeño que viene desde el gobierno de
Jaime Paz Zamora - ha encontrado al país impreparado para enfrentar los
desafíos que cada día tenemos ante el avance de la tecnología.
Por otra parte también ha revelado que lo que se hace ilegalmente y en las
sombras de una manera consetudinaria es altamente criticado cuando se trata
de legalizarlo. Más hipócrita todavía es el hecho de que por más que Bolivia
no reglamente los "pinchazos", estos seguirán existiendo como han existido
desde siempre.
El coronel Claudio San Román, desde su bunker del Control Político, desbarató
una media docena de complots de la Falange Socialista Boliviana en los años
50. Si uno lee los diarios de la época, fácilmente comprobará que el astuto
militar transcribía centenares de hojas de conversaciones entre los
complotados. Obviamente esas conversaciones no llegaban a sus manos por obra
del Espíritu Santo.
Y para hacer la interceptación de esas llamadas telefónicas, San Román tenía
una carreta tirada por bueyes en comparación con lo que podría ser hoy un
Mercedes Benz. Y en esas épocas los equipos eran de difícil acceso, en cambio
hoy en cualquier casa especializada de Miami usted puede comprarlos a precio
de ganga y desde 100 dólares para arriba.
Inclusive por menos dinero hay la posibilidad de hacerse de "un equipito",
como el que se ofrece a los esposos o esposas, que sospechan infidelidades,
consistente en un chupón casi imperceptible que hace de micrófono
inalámbrico, conectado una grabadora colocada a prudente distancia.
En todo el escándalo formado, lo que no se ve en ningún lado o sólo
esporádicamente, es un análisis de juristas sobre este tema.
Dado que por más que se prohíba la interceptación telefónica ésta seguirá
existiendo en Bolivia - hay que partir de esta verdad innegable - lo que
corresponde es apoyar su regulación teniendo por base los principios
constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
¿Cómo es que éste asunto es tratado en las legislaciones de otros países?
Debemos estudiar a fondo, como lo hace por ejemplo la Ley de Protección a la
Privacidad de la Comunicaciones de Venezuela, la trascendencia de los
"pinchazos", como prueba judicial, tanto en materia penal como en civil.
Es decir que los bolivianos no debemos discutir como si estuviéramos
descubriendo recién el agua tibia, cuando este tipo de situaciones y
conductas, a la luz de los adelantos de la moderna tecnología, tienen ya su
legislación en varios confines del mundo.
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