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POR UN PLATO DE LENTEJAS
Por
Hernán Maldonado
Han transcurrido ya más de 33 años desde aquel día. ¿Cuáles son tus razones? me preguntó molesto el doctor Carlos Tovar Gutzlaff cuando le informé que no ejercería la profesión. No había transcurrido ni una semana de mi inscripción en el Colegio de Abogados de La Paz, el último requisito para empezar lo que él pensaba sería una brillante carrera en el foro.
"¿Para esto te quemaste las pestañas 5 años? ¿Así es como pagas el sacrificio de tus padres? me regañó el insigne procesalista y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, mi maestro, amigo, compañero de muchísimos años.
"Carlitos", me justifiqué, "en estos últimos meses que trabajé de auxiliar en el Palacio de Justicia he visto tanto descaro, tanta desvergüenza, ineptitud, y corrupción que no se me quitan las ganas de vomitar", le dije.
Creo que excité su rabieta. "Ahí es donde tienes que estar para barrer con todo lo que dices. ¿Cuándo has visto que de un hospital salen los médicos corriendo para no tocar ni contaminarse con la sarna, el pus, la gangrena, la carne putrefacta?, puntualizó furioso con irrebatible lógica.
En mi breve pasantía por el añejo Palacio de Justicia de La Paz de los últimos años del 60 la regla me parecía invariable, de cada 10 abogados o jueces 8 eran unos incompetentes tinterillos y corruptos leguleyos. Sus barrabasadas eran motivo de charla de los auxiliares, secretarios y supernumerarios los ineludibles "Viernes de soltero".
Los pocos abogados, en todo el sentido de la palabra, eran respetados por jueces y subalternos. Se notaba en el trato que se les dispensaba a cada quien. Eran los menos, porque los más, empezaban por exigir que se les llame "doctores", sin serlo.
Y muchos de esos "doctores" no tenían empacho en que los clientes fueran los que redactaran los escritos y ellos sólo estamparan sus firmas. El envilecimiento de la profesión llegó a tal extremo que en la calle Yanacocha había bufetes con abogados que hacían "escritos por cinco pesitos". En los últimos años vi en Cochabamba "abogados ambulantes", con la máquina de escribir bajo el brazo, en las cercanías de los canchones de compra y venta de automóviles.
Esa gigantesca profusión de abogados - cada año se gradúan 700 y sólo 50 se retiran de la profesión - ha provocado también una lucha feroz por la sobrevivencia.
Aquí es donde parece hallarse una explicación al espaldarazo que desde el campo jurídico se brinda a los políticos corruptos. Es el caso, por ejemplo, del banquero Roberto Landívar, que hasta su encarcelamiento la semana pasada, recurrió a centenares de chicanerías jurídicas para eludir la ley. Un ejército de abogados - pagados seguramente con parte de los 60 millones de dólares de la estafa fraudulenta por la quiebra del Banco Bidesa - siempre hallaba modos para burlar a la justicia. Incluso cuando fue detenido, con la participación de un fiscal, su abogado tuvo riñones para denunciar el "secuestro" de su cliente.
Y otro tanto es el caso del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. El máximo tribunal judicial del país ha determinado que debe pagar 10 millones de dólares por impuestos por sus negocios cerveceros y desde que el fallo se hizo público (tras 10 largos años de litigios previos contra el Estado) ha pasado otro chorro de meses sin que se le pueda poner el cascabel al gato, pese a que el último tribunal que quedaría por apelar es el celestial.
Es un mandato constitucional el que todo acusado tiene derecho a la defensa, pero nuestros abogados, con sus chicanerias sin fin, se están pasando de la raya y por un plato de lentejas, más que soldados de la ley, parecen unos vulgares encubridores.
